En este documento, al que LISTÍN DIARIO tuvo acceso, fueron detalladas las características del supuesto entramado de corrupción compuesto por los encartados, acusados de cometer delitos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte ilegal de armas de fuego.
Sobre esto, los fiscales aseguraron que uno de los puntos en común de los acusados de Coral y Coral 5G es que se aprovechaban de sus cargos, funciones, relaciones y el “apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país” para presuntamente cometer crímenes.
Asimismo, según el Ministerio Público, este grupo utilizó tres entidades del Estado para incurrir en actos delictivos, siendo estas el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), que actualmente es la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur), y en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Nombramientos y mensualidad
Los fiscales aseguraron en la referida acusación que, una de las maniobras fraudulentas más utilizadas por los acusados, era colocar a ciudadanos en la nómina estatal que, a pesar de que no iban a trabajar, cobraban su sueldo mensual.
Sin embargo, indicaron que estos “empleados públicos” debían devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, monto que era posteriormente distribuido entre los encartados.
Uso de militares
Igualmente indicaron que los acusados utilizaron a militares y policías en su entramado para hacer transacciones millonarias injustificadas, alegando que estas provenían del patrimonio público.
Además, eligieron a una sucursal del Banco de Reservas (Banreservas) específica, a fin de que estas transferencias no alertaran al Sistema Financiero Dominicano, puesto que la gerente de dicha filial recibía pagos a cambio de sus “servicios”.
Religión
Otro aspecto distintivo de este supuesto entramado fue el uso de varias organizaciones religiosas como escudo, algo que los fiscales afirmaron que es una maniobra propia del crimen organizado, comparándola con la mafia italiana o los carteles de droga de México y Colombia.
El Ministerio Público también indicó que los imputados “inyectaron” dinero a una empresa que se hacía pasar por asociación y en organización no gubernamental (ONG) religiosa con el objetivo de evadir fiscalización.
Combustibles, alimentos y viáticos
Según el expediente, el entramado asignó “sumas millonarias” en forma de partidas mensuales para gastos de operaciones de inteligencia, combustible, distribución de raciones alimenticias y viáticos, que fueron desviados y utilizados para gastos personales.
De manera similar, este documento destacó que el grupo designó personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar para controlar los informes presentados a la Contraloría General de la República.
También aseveraron que los implicados crearon empresas a nombre de personas relacionadas a la parte financiera del Cusep, Cestur y Conani para suplir combustibles y materiales gastables que nunca eran entregados, llevando a cabo “cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado”.
Por otro lado, los fiscales expresaron en su acusación que los acusados exigían sumas millonarias como sobornos a empresarios suplidores para poder adjudicarles procesos de compras, como era en el tema de combustible o en la compra de vehículos.
Bienes e inmuebles
Las autoridades apuntaron en el mencionado expediente que los imputados crearon empresas para adquirir bienes, para darles apariencia lícita a propiedades adquiridas a través de acciones delictivas, además de adquirir propiedades del Estado, a través del tráfico de influencia, las cuales eran administradas por el Consejo Estatal de la Azúcar
También señalaron que hicieron lo propio con decenas de bienes millonarios, como casas, apartamentos, automóviles de lujo, fincas, empresas, cuentas bancarias para colocar los activos distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas físicas y jurídicas, que les permitía “tener un estilo de vida propio del crimen organizado”.
Por igual, los fiscales afirmaron que utilizaban bienes incautados como propios e intentaron realizar operaciones fraudulentas para transferirlos a su patrimonio.
Y, en su defecto, transferían bienes a nombres de terceros, que no tienen perfil económico para adquirir esas propiedades o encubrían la naturaleza y localización de estas propiedades, de acuerdo con el Ministerio Público.
Falsificación
En el expediente también figuró la acusación de adulteración de expedientes de compras, pagos y auditorias, usando de sellos gomígrafos y rúbricas falsificadas, para aparentar licitud en el manejo de los fondos públicos ante la Contraloría.
En adición, los fiscales indicaron que los imputados utilizaron sellos falsos de distintas instituciones públicas para darle apariencia licita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del Estado dominicano.
Otros
En el documento también hacen referencias a otras maniobras del supuesto entramado, como la elaboración de informes de gastos, llamados por el grupo “cuadres”; encubrimiento del origen ilícito de los fondos distraídos a través de una asociación de malhechores; uso de miembros de la presunta red que laboraban para un sujeto obligado financiero para poder realizar cientos de transacciones al margen de la ley, la destrucción y fabricaron evidencias con el objetivo de evitar que las investigaciones del Ministerio Público pudieran identificar la red criminal.
Imputados
Los encartados por Coral son Adán Benoni Cáceres Silvestre; Rafael Nuñez de Aza; Raúl Alejandro Girón Jiménez; Rossy Maybelline Guzmán Sánchez; Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro Montero Cruz.
Mientras que en Coral 5G están Juan Carlos Torre Robiou; Julio Camilo de los Santos Viola; Boanerges Reyes Bautista; Franklin Antonio Mata Flores; Carlos Augusto Lantigua Cruz; Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara; Miguel Ventura Pichardo; Erasmo Roger Pérez Núñez; Kelman Santana Martínez; José Manuel Rosario Pirón y Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez.
Además, las autoridades incluyeron nuevos imputados, que son Rosa Antonia Disla; Esmeralda Ortega Polanco; Epifanio Peña Lebrón; Lucía de los Santos Viola; Manuel de Jesús Alba Solano; Elija María Trinidad Santiago; Manuel Antonio Alba Trinidad; Raymel Pastor del Rosario Viola; Pedro Roberto Castillo Nolasco; Onoris Beatriz Soto de los Santos; Erick Daniel Pereira Norez; Santiago Antonio Suarez Peguero y Guillermo de Jesús Torres Robiou.
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